Llevamos a cabo la Mesa Experta con interesantes reflexiones hacia el papel del Trabajo Social

La presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz, Dña. María Teresa Villaluenga de la Cruz, inició el acto agradeciendo a las ponentes su asistencia:
- A Dña. Lorena Mateo Azuara, Fiscal Delegada Provincial de Civil y Personas con Discapacidad y Mayores.
- A Dña. Ana Mª Azores Castañeda. Coordinadora de la Fundación gaditana de apoyos a personas con discapacidad y mayores en el ejercicio de su capacidad jurídica.
- A Dña. María Isabel Martínez González. Asesora técnica en el Programa de Salud Mental.
- A Dña. Elisabel Belizón Guillén. Abogada colaboradora de AFEMEN, Asociación de familiares y personas con enfermedad mental grave de la provincia de Cádiz.

Y por supuesto, a todas y todos los asistentes a esta Mesa experta.

Por su parte, Dña. Patricia Bernal Corbalán, vocal de Junta de gobierno y trabajadora social de AFEMEN, realizó la labor de moderar el acto y, a su vez, presentar a Dña. María Teresa Villaluenga, además, como perito social con turno de palabra en el evento.

Con esta normativa que nos ocupa, se modificó, junto con otras legislaciones, el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o el artículo 42.bis de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, estableciendo ahora la obligatoriedad de recabar los dictámenes periciales necesarios y especializados de los ámbitos social y sanitario para acreditar la adopción de las medidas de apoyo de la persona con discapacidad. Desapareció por tanto la incapacidad y su declaración, así como las figuras de tutor/a, patria potestad prorrogada o rehabilitada, estableciendo las premisas para los nuevos apoyos.

En el transcurso de la actividad se dejó constancia de la importancia del Trabajo Social como figura imprescindible para establecer las medidas de apoyo a nivel pericial, refrendado tanto por parte de Dña. María Teresa Villaluenga, como por parte de las ponentes, de los sectores de salud o justicia, puesto que los informes de los y las profesionales del Trabajo Social ofrecen la información necesaria a nivel judicial para establecer los apoyos de la persona con discapacidad y las áreas en las que los necesita.

También como conclusiones, se plasmó la saturación de Servicios Sociales Comunitarios para dar respuesta a la demanda de informes, y el colapso en la revisión de sentencias para asignar figuras jurídicas, por lo que se visibilizó la necesidad de recursos para agilizar el proceso, además de equipos multidisciplinares y la de distribuir competencias entre las administraciones.

Esta normativa, tal y como recopilamos de las intervenciones, ha tenido una serie de efectos como la falta de conocimiento, la burocracia, la problemática ante los bancos o la seguridad social o la necesidad de la asistencia jurídica gratuita y la figura de facilitadores/as para cubrir los informes de carácter privado.

Por último, no menos importante, se plasmó que la actualización formativa para todas y todos los profesionales relacionados se hace imprescindible, puesto que esta reforma judicial supone un cambio más que normativo, sino un cambio también de carácter social para aumentar la autonomía de las personas en su capacidad jurídica.

Damos las gracias como Colegio Profesional a todas las ponentes y todos y todas las asistentes por su tiempo y tan interesantes aportaciones.