En defensa de los derechos de la Infancia, y en la reivindicación de la importancia del dictamen social forense.

Las imágenes difundidas no solo vulneran la intimidad de un niño, sino que visibilizan el sufrimiento de quienes muchas veces son silenciados. Como profesionales del trabajo social, intervenimos día a día con familias víctimas de violencia machista y con niñas, niños y adolescentes que sufren sus consecuencias. No olvidemos que la violencia vicaria —la ejercida hacia las hijas y los hijos para dañar a la madre— está reconocida como una forma grave de violencia de género y debe ser tratada como tal.

El trabajo social como profesión comprometida con la garantía y la promoción de los derechos humanos, especialmente los de la infancia y, de las personas en situación de vulnerabilidad especial, desempeña un papel importante en el contexto judicial a través de la elaboración de pruebas periciales sociales.

En este caso, la intervención del trabajo social puede ser clave para ofrecer una visión integral y objetiva de la situación en nuestro país, reforzando la defensa no sólo de los derechos de la madre sino también de los del niño como sujeto prioritario de protección. La profesión del trabajo social forense, desde un enfoque ético y deontológico, se posiciona como garantía del interés superior de la infancia velando porqué las voces de los niños y de las niñas se consideran en cualquier proceso judicial administrativo. La prueba pericial social aporta al Tribunal un análisis fundamentado sobre el entorno familiar, la existencia de dinámicas de violencia, la situación emocional y social de la infancia, así como los recursos y limitaciones de ambos progenitores.

En contextos complejos cómo el de Juana Rivas, la labor de las profesionales y los profesionales del trabajo social forense resulta muy importante, porque puede visibilizar factores de riesgo o de desprotección que podrían pasar desapercibidos en una mera valoración jurídica o psicológica, además, documenta de manera rigurosa las circunstancias materiales, sociales y emocionales que rodean a las niñas, niños y adolescentes y a las figuras de cuidado. Orientan la toma de decisiones judiciales procurando justicia social, y también, el respeto al bienestar de las personas más vulnerables que, en este caso, es la infancia.

Por todo ello, trabajo social forense reivindica la importancia de la pericial social en el ámbito judicial por lo que consideremos indispensable que los tribunales cuenten con la perspectiva y el conocimiento especializado de las trabajadoras y de los trabajadores sociales que permitan contextualizar cada situación en su complejidad real y realizar procesos más justos, atentos y respetuosos en los derechos de todas las personas y, muy especialmente, de la infancia.

Como profesión comprometida con la defensa de estos derechos denunciamos el sufrimiento que están padeciendo todas las niñas y todos los niños que se encuentran implicados en situaciones similares a estás. Recordamos que, según la actual legislación española, en particular la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la protección del interés superior del menor debe primar en todo momento.

Apoyamos el compromiso anunciado por la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de modificar la legislación para que las medidas judiciales tengan una mayor perspectiva de infancia, y urgimos a las instituciones a que la voz de las niñas, niños y adolescentes y sus experiencias sean centrales en todos los procedimientos judiciales en los que se vean implicados.

Desde el Consejo General del Trabajo Social hacemos un llamamiento a los poderes públicos, al sistema judicial, para que se garantice la protección a la infancia y su reconocimiento a vivir libre de violencia, tal como establece la Convención de los Derechos del Niño y la Niña.

Ni una infancia más silenciada. Ni un derecho más vulnerado.