El salto a la valla de Melilla: violencia, mafias, denuncias contra los derechos humanos y lamentable control de la migración
Compartimos el posicionamiento del Consejo General del Trabajo Social con respecto el salto a la valla de Melilla, que ha traído consigo un centenar de personas fallecidas en el lado marroquí de la frontera, además de heridos entre las personas migrantes y de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Las imágenes de este viernes muestran un uso indiscriminado de la violencia, vejaciones y maltrato en la gestión del salto a la valla. Vulneración de los derechos humanos, donde se denuncia también devoluciones en caliente, personas con derechos a ser identificadas, sin las debidas garantías y salvaguardas, personas necesitadas de protección internacional y en algunos casos con derechos de asilo.
La gestión de la inmigración y el control de las fronteras es sin duda nefasta, el desarrollo de las políticas sobre inmigración evidencia formulaciones orientadas exclusivamente a reforzar las fronteras exteriores. Primar estas orientaciones tiene como consecuencia una visión negativa del fenómeno migratorio y que la violencia en la represión vaya en aumento. Lamentamos la sucesión de hechos que se han sucedido y que atentan contra el Estado de Derecho.
Desde el Consejo General y el Trabajo Social creemos que las políticas de inmigración han de dar una respuesta integrada y coherente que combine realismo y solidaridad, ante las presiones migratorias y la integración de los inmigrantes. Mediante la cooperación para el desarrollo de los países de origen, el control de los flujos migratorios y lucha contra las redes de inmigración clandestinas y por supuesto la integración.
Se denuncia a las mafias, culpándolas de la situación, pero no podemos negar que las personas en su desesperación no entienden de normas, ni de procedimientos, pero si de desesperación viéndose obligadas a emigrar. Y cuando no hay una respuesta articulada y formal son objeto de explotación, siendo especialmente vulnerables al desamparo y por tanto a la violencia institucional que produce ante el abandono por no actuar firmemente y con voluntad política decidida por parte de las Administraciones Públicas.
Tal y como señala CEAR “Este es el coste de la externalización de fronteras y de poner en manos de un país que no respeta los derechos humanos como Marruecos la responsabilidad de controlarlas. Contar con una oficina de asilo en nuestra frontera sur para cubrir el expediente, sin que puedan acceder las personas de origen subsahariano, es una falacia y la mayor hipocresía que puede tener un Estado de Derecho”, señala Estrella Galán, directora general de CEAR (Manifiesto: https://www.cear.es/cear-denuncia-el-uso-indiscriminado-de-la-violencia-en-el-control-de-fronteras/)
Somos conscientes de que la sociedad española tiene como horizonte de futuro un panorama de interculturalidad, participación y convivencia que solo será posible con la conjunción de estrategias, esfuerzos y prácticas: manos de muchas y muchos actores sociales, manos en red de profesionales y equipos técnicos, manos que fortalezcan e impulsen la capacidad de acoger, incluir y convivir que tienen nuestra sociedad.
Nos sumamos a la petición de organizaciones que denuncian lo sucedido y exigen una investigación independiente para esclarecer los hechos.
Comentarios
Aún no hay comentarios