El Consejo General del Trabajo Soc ante el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Como cada 25 de noviembre, desde que en 1999 las Naciones
Unidas declarasen esta fecha como el “Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres”, nos movilizamos para acabar con una de las violaciones de los Derechos Humanos más extendidas.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer de la Asamblea General de la ONU (1993) define la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Según ONU mujeres, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. La violencia contra las mujeres
sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz y el respeto de los Derechos Humanos de mujeres y niñas en todo el mundo.

En nuestro país, desde que hay estadísticas oficiales, las cifras nos indican que son 1.027 las mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, y 51 en lo que va de año. Es incuestionable la existencia de la violencia específica contra las mujeres en todo el mundo.

A pesar de las cifras y los datos, existen algunos sectores de la población cargados de odio y prejuicios machistas que, amparados bajo formaciones políticas, han llegado a las instituciones. Estos se empeñan en negar la existencia de este tipo de violencia que es estructural y que, según Naciones Unidas, “constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han
conducido a que el hombre domine y discrimine a la mujer, impidiendo su adelanto pleno”.

Estas formaciones incluso han llegado a impedir declaraciones
institucionales de condena contra asesinatos por violencia de género. Sus posiciones constituyen un obstáculo en la lucha contra las violencias machistas que no debemos ni podemos permitir. Las dimensiones de la situación constituyen un problema público que debe abordarse como prioridad y con urgencia absoluta, pues es incompatible con una sociedad democrática.

Tras haberse acordado el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género por mayoría del parlamento en 2017, cabe ahora cumplir lo acordado sin contemplar retrocesos de ninguna clase. El nuevo gobierno que surja tiene el reto de desarrollar el Pacto para así abordar sin dilación, las reformas legislativas pendientes para cumplir con los compromisos internacionales como el Convenio de Estambul (2011), para que se aborden todos los tipos de violencia contra las mujeres, y no solo la que se da en relaciones de parejas o expareja, tal como se recoge en la legislación actual.

Este 25 de noviembre, no podemos conformarnos con meras
declaraciones. Es una ocasión para exigir el compromiso real para una verdadera protección, asistencia y reparación de los daños causados a las mujeres víctimas de violencias, aportando para ello las alternativas sociales y los recursos suficientes.

Queremos indicar dos aspectos son fundamentales a considerar en esta lucha contra la violencia hacia las mujeres:

• La necesidad de desarrollar programas de prevención de la violencia desde el sistema educativo para fomentar la igualdad entre los sexos, la resolución pacífica de los conflictos y las diferencias. Asimismo, consideramos necesaria la integración en el currículo académico de la educación afectiva y sexual en el respeto, la libertad y el cuidado mutuo.

• La necesidad de realizar formación a los/as agentes intervinientes (del ámbito judicial, policial, educativo, sanitario o social incluyendo a medios de comunicación), en igualdad y Derechos Humanos de las mujeres. Atendiendo además a las características específicas de esta forma de violencia para que brinden el adecuado ejercicio profesional, libre de prejuicios y estereotipos contra las mujeres.

El Trabajo Social por ser la profesión que está presente en todos los ámbitos desde los que se aborda la atención a la violencia contra las mujeres, y por su compromiso ético con la defensa de la igualdad y el cumplimiento de los Derechos Humanos principios estos que compartimos con el feminismo, reiteramos públicamente nuestra voluntad de contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

No es tolerable ningún intento de hacer retroceder a las mujeres en sus derechos, ni poner cortapisas o trabas a la obligación de todos los poderes públicos de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

Por ello, desde el CGTS apoyamos y llamamos a participar en las
acciones unitarias convocadas por el Movimiento Feminista en todo el Estado para que el 25 de noviembre sea una gran movilización social de repulsa contra las violencias machistas.