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CADIZ

El Consejo Andaluz de Trabajo Social comparece en el Parlamento de Andalucía para defender una Ley de Vivienda real, social y efectiva

miércoles 29 de octubre de 2025 Consejo Andaluz de Trabajo Social

El Consejo Andaluz de Trabajo Social ha comparecido hoy ante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía, en el marco de la tramitación del Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía (expediente 12-25/PL-000005).

La intervención ha corrido a cargo de Ruth Salas, trabajadora social y experta en vivienda en representación del Consejo, quien trasladó la visión de la profesión sobre la situación actual del acceso a la vivienda en Andalucía y el papel clave que desempeña el Trabajo Social en la aplicación práctica de las políticas públicas en esta materia.

El acceso a la vivienda, más que un derecho, se ha convertido en un privilegio

Durante su comparecencia, destacamos que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de la población andaluza. Se explicó que cada vez son más las personas y familias que enfrentan dificultades para acceder a un hogar, tanto en régimen de compra como de alquiler, debido al incremento de los precios y a la escasa oferta de vivienda asequible.

“Hoy hay jóvenes que no pueden emanciparse, familias trabajadoras que destinan más del 40 % de sus ingresos al alquiler o la hipoteca, personas mayores que no pueden afrontar los precios actuales con sus pensiones, y personas solas que viven con la incertidumbre de no poder pagar la próxima mensualidad”, señalamos.

Este problema, añadió, no solo afecta a colectivos vulnerables, sino que se extiende a amplias capas de la sociedad, reflejando una realidad estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas desde las administraciones públicas.

El papel del Trabajo Social en la garantía del derecho a la vivienda

El Consejo Andaluz de Trabajo Social aprovechamos nuestra intervención para poner en valor la aportación de los y las profesionales del Trabajo Social en la efectividad de las políticas de vivienda.

Subrayamos que las leyes son herramientas imprescindibles, pero su existencia no garantiza por sí sola su cumplimiento, ni asegura que los recursos lleguen a todas las personas que los necesitan.

“La viabilidad de esta ley requiere escucha, acompañamiento social, mediación, apoyo en la búsqueda de vivienda, detección de situaciones de riesgo y una coordinación fluida entre servicios sociales, vivienda y administraciones públicas”, destacamos.

En este sentido, recordamos que la profesión del Trabajo Social actúa como un puente entre la ciudadanía y la administración, contribuyendo a que los derechos reconocidos por la ley se traduzcan en realidades concretas y en mejoras tangibles en la vida de las personas.

Compromiso y colaboración institucional

El Consejo Andaluz de Trabajo Social reiteramos nuestro agradecimiento por la invitación a participar en este proceso parlamentario y tendemos la mano para colaborar con la Junta de Andalucía y con el resto de instituciones implicadas en el desarrollo e implementación de la futura Ley de Vivienda.

“Necesitamos esta ley, pero sobre todo necesitamos que se cumpla. El derecho a la vivienda es un derecho humano reconocido por la Constitución, que no puede seguir dependiendo del azar, del mercado o de criterios que no atienden la realidad social actual”, afirmamos.

El Consejo destacamos que la futura Ley de Vivienda debe garantizar una vivienda social y asequible como pilares básicos para la inclusión y la cohesión social, y recordó que el Trabajo Social cuenta con la experiencia, el conocimiento y el compromiso necesarios para contribuir a su puesta en marcha.

La vivienda como punto de partida para el bienestar social

Para concluir la intervención, subrayamos que una vivienda no es solo un techo, sino el punto de partida para la estabilidad, la salud, la educación, el empleo, el progreso y, en definitiva, para el bienestar social de las personas.

Con esta comparecencia, el Consejo Andaluz de Trabajo Social reafirma su compromiso con la defensa de los derechos sociales y con la construcción de una Andalucía más justa, solidaria y comprometida con el derecho a una vivienda digna y adecuada para todas las personas y familias.

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