El Colegio de Trabajo Social de Cádiz se reúne con la Delegación de Igualdad , Salud y Políticas Sociales.

En esta reunión se ha abordado la complicada situación que atraviesan actualmente el Sistema Público de Servicios Sociales, saturado y con falta de personal para la gestión de los planes y recursos que la Junta de Andalucía está poniendo en marcha como medida para la inclusión social y laboral, que si bien es necesario que se lleven a cabo desde los Servicios Sociales Comunitarios , éstos están viéndose colapsados impidiendo dedicarse a la detección, atención e intervención de situaciones de riesgo. En este sentido la Presidenta, también ha trasmitido la incertidumbre existente ante la reforma que plantea la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y como su aplicación puede acabar con el desmantelamiento del Sistema. La Delegada ha matizado que la Junta de Andalucía está buscando la alternativa legal para que la gestión de los Servicios sociales siga realizándose desde los Municipios independientemente de lo que plantea la “Reforma Local”.

Desde el Colegio también se ha transmitido la indignante situación en la tramitación del “Salario Social” en la que no se están cumpliendo los plazos para su concesión y en la que están endureciendo sus requisitos, en una prestación social fundamental para unidades familiares en situación de extrema necesidad. De igual modo se ha reclamado la necesidad de aumentar las plazas de comedores escolares, así como mejorar la coordinación con los centros educativos.

En cuanto a la atención a la dependencia se ha trasladado la situación de inseguridad e incertidumbre que viven los profesionales del refuerzo de los comunitarios, los cuáles todos los años temen la no renovación de sus contratos. Se ha manifestado la preocupación que existe en cuanto a la licitación de las plazas de residencia y la necesidad de no tener en cuanta tan sólo criterios económicos para su adjudicación. Además se ha concretado la necesidad de tener en cuenta la delicada situación de adaptación que supone para las personas mayores, tener que realizar un cambio de residencia y se ha exigido inspecciones de centros residenciales para velar por la calidad en la atención de las personas dependientes

Finalmente, la Presidenta ha solicitado a la Delegada una mayor apuesta de la administración en el fomento de la mediación, como medida de prevención, activando campañas de sensibilización a la ciudadanía que den a conocer los beneficios de la misma en la resolución de conflictos familiares, que reduzcan los daños colaterales principalmente a menores, de situaciones y casos que llegan a la unidades de trabajo social y que se podrían evitar.