Día Internacional de las personas con discapacidad

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo; así como, concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Incluir la discapacidad es condición para respectar los derechos humanos, para trabajar por el desarrollo sostenible de las sociedades, fomentar la paz, la seguridad y la justicia de no dejar a nadie atrás. Respetar los derechos de las personas con discapacidad es una inversión en nuestro futuro común.

Los retos a los que nos enfrentamos hoy no pueden dejar de lado a las personas con discapacidad, sino que se debe incluir la discapacidad en el proceso de trabajo comunitario y ciudadano para afrontarlos. En momentos de crisis, grupos vulnerables suelen ser excluidos de la toma de decisiones, excluidos de formar parte, y debemos ser conscientes de las dinámicas sociales que han sido siempre discriminatorias para revertirlas.

No podemos olvidar la responsabilidad de las Administraciones y entidades en la cobertura de las necesidades específicas de las personas con discapacidad física/orgánica, intelectual o del desarrollo, sensorial y/o psicosocial y sus derechos en materia de participación política; accesibilidad a los Sistemas educativo, de servicios sociales o de salud; su dignificación ciudadana; o la atención a la suma de distintas barreras que se suman. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Como profesionales del Trabajo Social hemos de tener en cuenta metodologías de trabajo comunitario, grupal, familiar e individual de carácter horizontal con intervenciones que fomenten la emancipación y autonomía y dejen a un lado el asistencialismo. Trabajamos con y para comunidades y sociedades, no por ellas.

Por otra parte, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, establece ahora un sistema más de apoyo, donde se garantizan los derechos de las personas con discapacidad, y elimina el concepto de incapacidad. Esta ley regula una serie de apoyos y atenciones para que la persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, superando obstáculo que la discapacidad impone en su ejercicio y atendiendo a la voluntad de la persona.

Las medidas de apoyo se centran en la recuperación de la mayor autonomía posible para participar en su comunidad, siendo de gran relevancia la emisión del Informe Social emitido por los/as profesionales del Trabajo Social, siendo necesario valorar la situación de la persona en relación a su entorno más inmediato y garantizar correctamente el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.