Desde el Consejo General del Trabajo Social y los Colegios Profesionales de Trabajo Social proponemos un necesario y urgente plan estatal de inclusión social.

“El Consejo General del Trabajo Social defiende y apoya la propuesta de una garantía de ingresos mínimos.

Se anuncia una Renta Social Extraordinaria (RSE) o Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) para personas vulnerables durante un periodo de tres meses con una prestación entorno a los 500 euros al mes.

Si bien creemos que es una medida necesaria, el Consejo General del Trabajo Social considera que se debe articular igualmente con un Plan de Inclusión Social específico y en coordinación con los Sistemas del Bienestar Social. Es necesario el desarrollo de medidas de inclusión social orientadas a cubrir las necesidades más básicas así como aumentar las oportunidades de las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Este Plan de Inclusión Social debe desarrollar medidas prioritarias dentro de cada uno de los Sistemas de Protección Social en el marco de las competencias de cada sistema, incidiendo en aquellas mejoras necesarias para la integración e inclusión de los grupos sociales más vulnerables.

Cómo, cuándo y desde dónde se operativizará este ingreso, quién revisará esos requisitos exigibles para la concesión de esta ayuda.

Debe ser objetivo del Plan de Inclusión Social que este ingreso vaya asociado a un programa de atención y acompañamiento social individualizado desde Servicios Sociales, con acceso a todos los recursos, derechos y servicios necesarios. Además de garantizar recursos mínimos económicos, se ha de fomentar cómo afrontar la crisis social una vez se declare el cese del estado de alarma para planificar la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es prioritario un Marco Estatal que promueva la cohesión social.

Una vez más echamos en falta la consulta a toda la estructura profesional. Es preciso para superar esta pandemia y esta emergencia social la necesaria coordinación de todos los sectores y actores implicados. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 debe convocar al Comité de las Profesiones del Sector Sanitario y Social como órgano consultivo y asesor.

Nos alejamos cada vez más de un modelo de convivencia, bienestar y cohesión social, desdibujando el Sistema Público de Protección Social. Es en Servicios Sociales donde debe quedar incluida la inclusión social, la elaboración y seguimiento de los planes de acompañamiento social. Además, hay que conceder la máxima importancia al liderazgo de lo público.

Se pone el foco en el Tercer Sector para articular y tomar medidas que se deben de concebir dentro del propio Sistema Público. El papel del Tercer Sector ha de seguir una estrategia de complementariedad y no de subsidiariedad frente al Estado de Bienestar.

Desde el primer minuto el Consejo General del Trabajo Social y los Colegios Oficiales de Trabajo Social se han puesto a disposición de las Administraciones Estatal, Autonómicas y Locales para aportar, colaborar y promover iniciativas de calado en estos momentos tan complicados. En ningún momento se ha hecho participe en esta negociación a los y las profesionales del Trabajo Social.

Viene siendo reincidente que desde la Vicepresidencia de Asuntos Sociales, liderada por Pablo Iglesias, no se le pida asesoramiento a esta profesión del Trabajo Social siendo una de las profesiones esenciales y fundamental en la ejecución de las políticas públicas de calado social que afectan directamente a las familias y a la ciudadanía.

Os anuncio que la semana que viene convocaré una reunión de Presidencias para analizar la situación actual y ver que estrategias de unidad de acción establecimos como estructura colegial.”

Emiliana Vicente González
PRESIDENTA – Consejo General del Trabajo Social