Conclusiones del encuentro profesional sobre informes de vulnerabilidad económica y social de vivienda.

El desarrollo del encuentro consistió en la exposición, por parte de la compañera Juana Gutierrez, de cómo se estaba gestionando el asunto en su localidad y el proceso que les ha llevado hasta constituir ese procedimiento de actuación; así como, la coordinación con distintas entidades implicadas, y los interrogantes que han ido surgiendo.

Tras la participación de los/as distintos/as profesionales asistentes, las conclusiones se resumen en los siguientes puntos:

• El informe de vulnerabilidad económica y social es competencia de los Servicios Sociales Comunitarios. En esto coiincidió la mayoría de los y las profesionales que asistieron respaldándose e la la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios sociales de Andalucía, la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamento Civil y la Ley 12/2023 de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

• No en todos los municipios se ha registrado un alto número de peticiones de este tipo. Sí coinciden los municipios que han registrado un alto número de peticiones que sobre el 80% aproximadamente no tenían expedientes en Servicios Sociales Comunitarios.

• Las peticiones realizadas por los grandes tenedores y entidades bancarias genera debate en cuanto si garantizan la protección y/o confidencialidad de datos de las personas vulnerables, si la Ley es una ley de vivienda garantista o que hay detrás de tales peticiones intereses económicos (fondo buitre). Se requiere de un debate más profundo, en el que estaría interesado también en participar el Colegio de abogados.

• Hay municipios que solo emiten los informes de vulnerabilidad económica y social a los juzgados, dejando sin contestar el resto de peticiones.

• Los Servicios Sociales Comunitarios de las distintas localidades han elaborado sus propios modelos de informe de vulnerabilidad económica y social. Todos coinciden en seguir los límites económicos que regula el artículo 441.7 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, en la redacción establecida por la Disposición final quinta de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, para valorar la vulnerabilidad económica. En los supuestos de vulnerabilidad social, hay municipios que se ciñen a lo establecido en la Ley anteriormente mencionada y otros municipios amplían la información que consideran relevante a tener en cuenta independientemente de los supuestos establecidos.

• Todos las y los profesionales coinciden que “el procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes” que recoge la Ley 122/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, no es competencia de los Servicios Sociales Comunitarios, ni la búsqueda de alternativa habitacional. Algunos SSC responden a los juzgados informando que no son competentes en ese procedimiento.

En definitiva, se hace necesario:

• Delimitación de competencias entre las consejerías de Inclusión y de Vivienda.

• Protocolos de coordinación entre Juzgado, SSC y vivienda (a quie competa de la Consejería, empresa pública de vivienda,…)

• Mayor conocimiento de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, sobre todo en lo referente a grandes tenedores, a la filosofía del legislador, a las garantías de protección de datos de los/las particulares…

• Implicación de la Consejería de Inclusión, no solo en exigir a la Consejería de Vivienda asumir sus competencias, sino también en la elaboración de instrumentos de valoración que unifiquen criterios, así como modelos de informes.

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz se organizará una Mesa Experta sobre este asunto para ampliar información y experiencias.