COMUNICADO SOBRE LA REVALORACIÓN DE LAS PENSIONES

El Real Decreto establece con carácter general un incremento del 0,9 % cuyos efectos se retrotraerán al 1 de enero de 2020 y será de aplicación para las pensiones contributivas y otras prestaciones públicas. Conforme establece el preámbulo pretende establecer una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo en el caso de que la inflación en 2020 sea superior al incremento previsto y también deja de estar supeditada a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para este año.

En la comparecencia del Presidente del Gobierno tras la aprobación en el Consejo de Ministros del martes ha asegurado que trabajarán desde el Ejecutivo para buscar acuerdos para garantizar el futuro de las pensiones.

Nos complace que el Gobierno haya tomado como una de las primeras medidas esta revaloración en favor del colectivo de pensionistas.

También Pedro Sanchez ha comentado la necesidad del diálogo social para negociar el nuevo Pacto de Toledo e incrementar el salario mínimo interprofesional.

Como órgano consultivo asesor nos ponemos a disposición del Ejecutivo para colaborar conjuntamente en el desarrollo de las políticas públicas que favorezcan una sociedad más democrática, igualitaria, cohesionada y socialmente más justa. Creemos igualmente necesario el desarrollo de políticas de inclusión social orientadas a aumentar las oportunidades de las personas en situación de pobreza y en riesgo de exclusión, así como los recursos necesarios para su participación en la vida económica, social, política o cultural.

Señalar también que esta medida no supone atajar el tema de las pensiones y queremos recalcar que compartimos la demanda impulsada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), donde cientos de organizaciones y miles de profesionales constituyen ya un amplio movimiento social, unido exclusivamente en torno al objetivo único de blindar las pensiones en la Constitución.

Las pensiones públicas deben elevarse en nuestra Carta Magna a la categoría de derecho fundamental, prohibiendo su privatización y la pérdida de poder adquisitivo, a través de un mandato que comprometa a todos los gobiernos y al conjunto de la Administración. Solo así las pensiones públicas estarán verdaderamente protegidas.