COMUNICADO | El Consejo Andaluz de TS se posiciona ante la investidura de la Presidencia de la Junta de Andalucía en lo relativo a inmigración

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, que agrupa a los Colegios Profesionales de Trabajo Social de las ocho provincias andaluzas, quiere manifestar su profunda preocupación por las consecuencias que puede tener para las personas inmigrantes y refugiadas el acuerdo de la investidura del presidente de la Junta de Andalucía. Dicho acuerdo refleja diversas incorrecciones y ambigüedades que pueden confundir a la ciudadanía, además de favorecer medidas que pueden suprimir derechos sociales de los que son beneficiarios, así como promover un discurso de odio que altere la convivencia ciudadana. Desde el Trabajo Social tenemos una profunda preocupación por el incremento de informaciones inexactas que colocan al colectivo de migrantes en el punto de mira que son secundadas por acuerdos que sólo hacen profundizar en factores de vulnerabilidad que ya poseen.

La legislación vigente y el avance en derechos producidos en los últimos años no pueden ser cuestionados, así como tampoco se deben crear espacios donde los discursos racistas y xenófobos encuentren la más mínima legitimidad institucional

Aunque el texto dedica varios artículos a las personas inmigrantes, en la declaración de intenciones inicial se excluye a estas personas en el compromiso que adquiere la Junta de Andalucía de trabajar decididamente para garantizar la igualdad efectiva de derechos y obligaciones, al referirse solo a la población española y excluye a parte de nuestra población que, sin nacionalidad española, convive y aporta riqueza al territorio, formando parte del desarrollo social, económico y cultural de Andalucía.

La construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía se apoya en los derechos del Estatuto de Autonomía de Andalucía y en los lazos históricos fuertemente arraigados en la convivencia entre culturas. Bajo estas premisas, el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece “mecanismos adecuados para promover la participación de los ciudadanos extranjeros residentes en Andalucía” (art. 5.3), y la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, establece que serán titulares de derechos de la presente ley “todas las personas que tengan vecindad administrativa en Andalucía”(art. 6.a), y ofrece igualdad de oportunidades y derechos (del mismo modo que cumplen con una serie de obligaciones) a las personas migrantes y refugiadas, para facilitar su inclusión social, inclusive a aquella que se encuentre en situación administrativa irregular para cumplir con los Derechos Humanos.

Delimitar el apoyo y la garantía de la igualdad efectiva de derechos y obligaciones a la población española excluye a parte de la población que es objeto de intervención en políticas sociales. Además, no garantizar este apoyo sería contrario al principio de universalidad establecido en la ley de Servicios Sociales de Andalucía (art. 25).

El acuerdo también hace referencia al “efecto llamada”, y plantea la necesidad de “cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas”.

Los mensajes políticos sobre el “efecto llamada” tiene una connotación alarmista, y no se corresponde con los datos objetivos de fuentes oficiales. En Andalucía, el porcentaje de personas inmigrantes no comunitarios es de algo menos de un 4,2% (INE). Por otro lado, no existe realmente un “efecto llamada”, sino que el fenómeno migratorio está relacionado fundamentalmente con una situación de desigualdad socioeconómica e inseguridad de países terceros. De hecho, la Comunidad Andaluza ha incumplido en materia presupuestaria la dotación económica en materia de Cooperación Internacional y al desarrollo establecida en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-3018 , por lo que aún no ha habido avances en la intención de alcanzar el mínimo del 0,7% recogido en la actual Ley Andaluza de Cooperación.

Esto se refleja en el artículo 15 de la Ley Andaluza de Cooperación, donde se establece que la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía fijará anualmente los créditos destinados a la Cooperación Internacional para el desarrollo que tenderán progresivamente a alcanzar el mínimo del 0,7% en 2020 de los Presupuestos de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, pese a la retórica alarmista de las “llegadas masivas” de migrantes, el grueso de los flujos migratorios que llegan y abandonan Europa lo hacen de manera regular por muy sorprendente que parezca. Según FRONTEX Y UNDESA, en el año 2016, por ejemplo, 4,3 millones de personas accedieron de manera legal a la Unión Europea mientras que el número de intentos de acceso irregular no alcanzó el medio millón.

En el acuerdo también se establece el “apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”. Haciendo referencia a nuestro Código Deontológico, la profesión del Trabajo Social actúa desde los principios de derecho a la intimidad, confidencialidad y uso responsable de la información en su trabajo profesional. (Art. 11 CD) por lo tanto, es inviable nuestra contribución a facilitar los datos de las personas a las que atendemos.

El fenómeno migratorio es una cuestión estructural en el contexto internacional en el que vivimos. El uso de mensajes alarmistas, generalizaciones, o afirmaciones que no se sustentan en datos reales desvían la atención de las causas de la inmigración y de los dramas personales y familiares que supone a la creación de un pensamiento colectivo de criminalización, desconfianza y odio, potenciando la discriminación hacia este colectivo y dificultando el avance hacia sociedad intercultural e inclusiva.

Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social, queremos hacer manifiesto que tal y como indica nuestro Código Deontológico en su artículo 7, “el Trabajo Social está fundando sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad y la igualdad tal y como se contemplan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. En ellos se basa la actuación profesional, por medio de la aceptación de los siguientes principios”. Además, cabe destacar que nuestra función y obligación es defender los derechos de las personas a las que atendemos, y no por el contrario tal y como se pretende, contradecir los principios de nuestra profesión.

Se debe concienciar sobre la complicada situación de los migrantes en Andalucía y las condiciones de llegada que viven cientos de personas que cruzan diariamente el mar Mediterráneo. Insuficientes plazas de acogida, externalización de servicios de atención a menores que migran solos, hacinamiento y vulneración de Derechos Humanos en los CIES, donde personas que no han cometido ningún delito son privadas de libertad simplemente por una irregularidad administrativa, etc. hacen que la situación de las personas migrantes sea de extrema vulnerabilidad.

Como colectivo de profesionales del Trabajo Social, queremos reafirmar nuestro compromiso en favor de la acogida, la diversidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y la defensa de los Derechos Humanos, y pedimos al nuevo Gobierno Andaluz que, dentro de sus competencias:
- Facilite la convivencia ciudadana estableciendo valoración mutua y diversidad cultural, sin imposiciones ni restricciones en el derecho a la libertad de expresión y de las costumbres culturales de cada colectivo.
- Fomente los mensajes sustentados en valores de solidaridad y convivencia en vez de los basados en mensajes inexactos y alarmistas que generan odio, rechazo y desconfianza sobre la población inmigrante.
- Promueva iniciativas socio-políticas que favorezcan la comunicación intercultural, el fomento de la participación activa de todos los sujetos, la promoción de la diversidad cultural, etc.
- Fomente el desarrollo de políticas sociales que sigan colaborando y avanzando en la consecución de los derechos sociales que tenemos reconocidos. Políticas sociales basadas en la igualdad, la solidaridad, la diversidad y la justicia social.
- Políticas sociales que permitan construir una sociedad inclusiva e igualitaria en la diversidad que realmente busca mecanismos y soluciones de acogida a las personas que huyen del hambre, la pobreza, la guerra, la persecución o la desigualdad.
- Cumpla los compromisos presupuestarios de invertir el 0,7% en materia de Cooperación.
- Respete el Código Deontológico del Trabajo Social y asuma que las funciones profesionales en materia de atención social a migrantes implica la aplicación de estos valores recogidos y en ningún momento ninguna acción en contra de los Derechos Humanos y en contra del propio Código y a su vez en contra de las personas a las que atendemos y con las que trabajamos.
- Garantice el acceso de las personas migrantes a servicios y prestaciones sociales básicos en las mismas condiciones que los españoles cualquiera que sea su situación administrativa, conforme a lo establecido en la Ley de extranjería(LOEX) art. 14 y en nuestra normativa autonómica, Ley 9/2016 de Servicios Sociales y Estatuto de Autonomía-
- Valore positivamente las migraciones como una herramienta contra la desigualdad, además de garantizar la no discriminación de las y los trabajadores migrantes en materia de derechos laborales y sociales, garantizando el acceso completo a los servicios sociales básicos como especializados así como el desarrollo de políticas de enfoque intercultural e inclusivo.

El Trabajo Social y sus profesionales estarán alerta sobre cualquier intento de menoscabar derechos o reducir servicios sociales, haciendo un llamamiento a recuperar la gestión pública de recursos especializados y velar por el cumplimiento estricto de la legislación nacional e internacional en materia de migraciones y acogida.