Comunicado | Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres

En el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, nos unimos al comunicado del Consejo General en el que manifestamos que la violencia contra las mujeres es la expresión más cruel y brutal del terrorismo machista y es la cara visible de un sistema marcado por la desigualdad estructural entre mujeres y hombres que representa una de las violaciones más extendidas de los Derechos Humanos.

Mientras el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género tan solo ha logrado poner en marcha algunas medidas, la violencia contra las mujeres no cesa y se manifiesta con extrema crueldad. Desde el 2003, en el que se tienen por primera vez datos oficiales, 972 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista. Entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018 fueron asesinadas 69 mujeres y 12 menores.

También han aumentado las denuncias por violencia sexual, con incremento de las violaciones en grupo y con participación de menores. El tratamiento judicial ante la violencia sexual ha generado alarma social e importantes movilizaciones ante sentencias como la del caso “La manada”, por la revictimización e indefensión de la víctima. Otro aspecto para destacar es que, además se ejerce violencia institucional sobre las mujeres cuando se las juzga con prejuicios machistas. Hay desprotección judicial de las víctimas si no se valora adecuadamente el riesgo y no se adoptan las medidas de protección oportunas.

La dimensión de la industria del sexo para la explotación sexual de mujeres y niñas en la prostitución y la explotación de su capacidad reproductiva en el caso de los vientres de alquiler son otras grandes manifestaciones de violencia contra las mujeres y suponen una vulneración de los Derechos Humanos de mujeres y niñas.

Por todo ello, desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz nos unimos al manifiesto del Consejo General del Trabajo Social, organismo que ha venido reclamando la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Pacto de Estado sin dilación. Por otra parte reclamamos en Andalucía la aplicación de las nuevas legislaciones en materia de igualdad y violencia de género; así como, que se dote de los presupuestos y recursos adecuados para su cumplimento y se desarrollen las reformas necesarias para la mejora de la atención a las víctimas.

Es urgente a nivel estatal acometer los cambios legislativos para ampliar el concepto de violencia a todas las formas de la violencia machista: sexual, económica, institucional, etc. tal como lo exige el Convenio de Estambul suscrito por España en 2014 y como se reconoce en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Genero.
Además, se contemplan medidas para mejorar la atención jurídica, psicológica y social a las víctimas y que no estén supeditadas a la presentación de denuncia judicial; para ello debe agilizarse la puesta en marcha de la acreditación como víctima de violencia de género sin necesidad de denuncia, como medida de protección y recuperación de las mujeres para tener acceso a los recursos sociales a los que se derivan.

Es necesario que la Conferencia Sectorial de Igualdad se apruebe con urgencia por el procedimiento de acreditación extrajudicial de la situación de violencia de género, conforme al el art. 17 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) que excluye a las contratas del ejercicio de autoridad.

Para cumplir con esta función de atención de calidad, debe crearse empleo público para los servicios de atención a víctimas de violencia de género, en este sentido solicitamos que se reconozca como figura de Autoridad a los/as Trabajadores Sociales que intervienen en los procesos de esta violencia. La externalización o gestión indirecta precariza la red de servicios, genera inestabilidad en las plantillas y repercute negativamente en la atención social a las víctimas.

Reclamamos así mismo, otra de las medidas contempladas en el Pacto de Estado, que sigue pendiente: Incorporar la igualdad de género y la educación afectivo-sexual en valores igualitarios, como materia en todas las enseñanzas, niveles y ámbitos académicos, así como campañas de difusión y sensibilización de manera continuada y especialmente para la población joven.
Además, es preciso, mejorar la respuesta institucional mediante formación del personal de los distintos organismos y administraciones implicadas: judicial y policial, fiscalía, abogacía, profesionales sanitarios y de los Servicios Sociales, etc.

Es preciso la puesta en marcha de las Unidades de Valoración con formación en igualdad y perspectiva de género, así como, reforzar la aplicación de protocolos para la detección precoz de la violencia, con programas de formación continuada especifica. En especial en los dos ámbitos a los que más se dirigen las mujeres en primera instancia: el sistema sanitario y el de servicios sociales.

No se han seguido las recomendaciones de la CEDAW, que pide que se tengan en cuenta los antecedentes de violencia de género a la hora de estipular la custodia para que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas y los menores, ni el Convenio de Estambul firmado por España, ni lo que señala el Pacto de Estado sobre la custodia a padres condenados por maltrato. Por eso seguimos reclamando la eliminación de la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas a los menores de los maltratadores condenados, la retirada y no cesión de la patria potestad a los maltratadores.

Señalamos la Importancia del trabajo municipal, con los acuerdos del Pacto Estado para la Administración Local, que les devuelve las competencias en igualdad y prevención de la violencia, para exigir que se amplíen y mejoren los recursos de atención para las mujeres sus hijos e hijas.

Cabe instar por todo ello, a los poderes públicos a que actúen urgentemente con las obligaciones y responsabilidades que les competen. No podemos dejar que se adormezca la conciencia social contra la violencia machista, de manera que nos acostumbremos a la sucesión de asesinatos, y normalicemos las violencias machistas.

Para poder lograr una sociedad libre de violencia es absolutamente necesario que las instituciones asuman la responsabilidad ética y política que les corresponde. El Consejo General del Trabajo Social, como organización comprometida con una sociedad basada en la Justicia Social, el respeto de los Derechos Humanos y libre de violencias machistas, apoya cuantas acciones sean convocadas con motivo del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz nos unimos a este comunicado.