20 de noviembre. Día mundial de la infancia.
El Día mundial de la infancia nos recuerda que en 1989 se firmó la Convención sobre los derechos del niño, documento que condiciona la actuación en materia de protección y defensa de sus derechos a los países firmantes.
La infancia es el colectivo más vulnerable en cualquiera de las situaciones de vulneración de derechos: en los conflictos armados más actuales, como son Gaza o Ucrania; en los conflictos de larga duración no resueltos; en contextos de pobreza crónica; de migración y en contextos de violencia expresa contra las niñas.
Gran parte de las políticas sociales de los países que cuentan con sistemas de protección social se destinan a la infancia, la educación o la salud, y los servicios sociales suelen destacan en cifras de atención y cobertura en atención a la infancia.
Sin embargo, el recorte en el personal y recursos de estos tres sectores (salud, educación y servicios sociales) afecta directamente a las condiciones de la niñez para el ejercicio de sus derechos. Las dificultades sociales y económicas por las que pasa una familia, afectan directamente a los hijos e hijas en sus oportunidades y su desarrollo cognitivo, emocional y social.
Según datos de Save the Children:
• La pobreza infantil aumenta 1´5 puntos en Andalucía en el último año. Un 29,4% de los niños y niñas se encuentran en situación de pobreza en nuestra comunidad.
• El 43,3% de los hogares monomarentales en Andalucía están en situación de pobreza, casi dos puntos porcentuales más que en 2021.
• El 10,1% de los niños y niñas andaluces no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días.
Por otra parte, la salud mental y el bienestar emocional han sido temas prioritarios para los 880 niños, niñas y adolescentes (NNA) de consejos locales de infancia y adolescencia, de centros educativos y de centros de protección de menores que han sido consultados en el diagnóstico del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Las políticas en mayúsculas siguen dejando a la infancia como un colectivo de tercera categoría, siempre visto desde la perspectiva asistencial, y obviando la posibilidad de una actoría plena de derechos.
Tras un año de la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), una ley demandada durante muchos años por las organizaciones de Infancia, desde la profesión vemos avances y también retos.
La LOPIVI introdujo medidas para evitar revictimización de las niñas y niños en los procesos judiciales, no obstante, al igual que diferentes entidades dedicadas a la infancia, observamos la necesidad de especialización de las estructuras de protección (Administración de justicia) y mayor profundización en la violencia vicaria. Además, reivindicamos la necesidad de más personal y recursos en el sector para asegurar el cumplimiento efectivo.
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