IV INFORME ISSE | Precarización, feminización y desprofesionalización: la realidad de la atención social primaria en Servicios Sociales

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Los Servicios Sociales se mantienen como el ámbito laboral mayoritario de las trabajadoras sociales, especialmente la atención primaria.

El IV ISSE muestra una clara preponderancia de los servicios sociales como principal ámbito laboral, concentrándose en este el 74%, a continuación, está el ámbito de la salud con un 18%, pero se observa una incorporación progresiva en los otros pilares y políticas públicas del Estado de bienestar social como educación, empleo, vivienda y garantía de ingresos. Por su parte, los servicios sociales de atención primaria representan el 58% y los servicios sociales especializados el 42%, si comparamos estos datos con los del ISSE III (2019) se observa una clara reducción de la atención primaria y un incremento en la atención especializada. Esta tendencia no es exclusiva de los Servicios Sociales, estamos asistiendo a un proceso similar en el sistema de salud. Sin embargo, la atención primaria debe ser el eje del sistema público porque permite una mejor resolución de problemas de forma más accesible y favorece la confianza y la participación de las personas usuarias.

La investigación pone de manifiesto una creciente fragmentación de las relaciones laborales entre las profesionales de los Servicios Sociales –de manera más alarmante en algunas comunidades autónomas-, un movimiento que expresa un modelo cada vez más heterogéneo, flexible, precarizado, desprofesionalizado y asentado en la práctica reiterada de no reconocer contractualmente la figura de “trabajadora social”, sobre todo en el ámbito de la empresa privada y el Tercer Sector. El 31% de las trabajadoras sociales que ejercen en el ámbito privado lucrativo no tienen reconocida contractualmente su figura profesional, siendo especialmente más notable esta situación entre la población más joven. La inestabilidad laboral “campa a sus anchas” en el ámbito de lo social, el 49% de las trabajadoras sociales tienen contratos inestables y a tiempo parcial. En esta situación influye que el sector público aglutina a cada vez mayor número de profesionales en situaciones de interinidad y que las profesionales del Tercer Sector (23%) y de la empresa privada (31%) poseen formas contractuales precarizadas. La preocupación aumenta si se pone el foco en las profesionales más jóvenes, cuya inseguridad laboral alcanza al 61% entre aquellas trabajadoras menores de 35 años.

La mirada de género también está muy presente en este informe que fija la atención en las diferencias laborales entre mujeres y hombres. El 89% de las trabajadoras sociales son mujeres, sin embargo, son ellas las que siguen en puestos de atención directa, en la base de la intervención social frente a los trabajadores sociales hombres que sí consiguen una mayor presencia en cargos de dirección, coordinación o posiciones acomodadas, especialmente en los tramos más altos de edad. Estas diferencias de género también afectan a la salud mental de las profesionales, sufriendo las mujeres más ansiedad, estrés y queme profesional. Las tasas de ansiedad entre las profesionales de Servicios Sociales se incrementan entre quienes están en la atención primaria, el 34% de esas profesionales de primera línea, afirma sentir elevados niveles de malestar emocional.

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Cambios en los perfiles de las personas usuarias de los Servicios Sociales.

El 90% de las trabajadoras sociales tratan con personas usuarias a diario, lo que permite hacer una aproximación al retrato de estas personas. Se mantiene el perfil clásico de persona usuaria compuesto por mujeres (el 70% de las personas atendidas son mujeres), de nacionalidad española (70%), de edades adultas (39%) o avanzadas (33%), sin estudios o con bajos niveles educativos (78%) y sin empleo, pensionistas o dedicadas a labores del hogar (79%). El 46% de los casos las personas usuarias presentan algún tipo de discapacidad.

Además de este perfil tradicional, este IV Informe ISSE arroja nuevos elementos característicos en los perfiles de personas usuarias. Se incorporan personas trabajadoras con empleos precarios (11%), con niveles educativos de bachiller o superiores (23%) y cada vez más jóvenes (28%). La aparición de estos nuevos perfiles informa de la gravedad y la profundidad de la crisis social que la pandemia ha agudizado y cuyo efecto se advierte por parte de las trabajadoras sociales desde hace tiempo.

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Afrontar la constante externalización y dotar de recursos al mundo rural: desafíos de los Servicios Sociales del futuro.

Relacionado con la financiación que sostiene a los Servicios Sociales el informe muestra como la Administración Pública sigue siendo el principal empleador de trabajadoras sociales en España (61%), porcentaje en retroceso por el incremento de las externalizaciones. De esta forma, el 39% de las trabajadoras sociales de España ejercen en el sector privado. Además, el IV ISSE pone sobre la mesa datos reveladores para entender la dependencia de la gestión privada de la financiación pública: el 66% del Tercer Sector y el 46% de empresas privadas se financian mayoritariamente con fondos públicos. Estos datos advierten de los altos niveles de externalización en los Servicios Sociales de España.

Estos niveles de externalización varían según comunidades autónomas y según el destino de la financiación. Así destacan La Rioja, Madrid y Galicia como los territorios con mayor tendencia a externalizar hacia el sector lucrativo empresarial, frente a Euskadi, Canarias y Cantabria, cuya externalización se dirige hacia el sector privado no lucrativo. En el otro eje se encuentran las comunidades con baja externalización destacando, especialmente, Islas Baleares, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha.

Las diferencias territoriales se perciben también en este IV ISSE en la infradotación de recursos que soportan las zonas rurales. Existe una tendencia a concentrar los servicios y los recursos en las áreas urbanas, mientras que hay una mayor dejación y se ofrece solo la atención básica indispensable para las zonas menos pobladas. Además, los salarios de las profesionales en el mundo rural son más bajos que la media nacional, especialmente en zonas interiores del sur de España y en las zonas más despobladas del norte. Preocupa el caso de Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón, donde hay tasas significativas de profesionales que perciben salarios por debajo de los 1.500€ mensuales.

Para tratar de atajar las históricas desigualdades que impregnan el sistema de Servicios Sociales y con el fin de blindar lo público, el 84% de las trabajadoras sociales se muestra muy de acuerdo con la aprobación de la Ley Marco Estatal de Servicios Sociales que actualmente se encuentra en fase de elaboración por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Lo que parece evidente es que las políticas de ajuste de estos últimos años sumadas a los datos que arroja el IV Informe ISSE del Consejo General del Trabajo Social, indican la urgencia de reforzar y consolidar el sistema público de Servicios Sociales. Desestructurarlo a través de una progresiva mercantilización, cuando hay otra crisis que está en marcha, tendrá efectos muy negativos para la ciudadanía y la cohesión social.

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En definitiva:

• El IV Informe sobre los Servicios Sociales en España (ISSE) del Consejo General del Trabajo Social advierte una tendencia incesante hacia la desprofesionalización y la precariedad laboral entre las trabajadoras sociales de atención primaria de Servicios Sociales. La falta de contratos estables y la feminización de la profesión se agudiza en la atención directa y entre las profesionales más jóvenes.

• Emerge un nuevo perfil de persona usuaria de Servicios Sociales, más joven y con empleos precarios frente al perfil tradicional de persona usuaria.

• Gran parte de la financiación de entidades privadas y empresas de lo social dependen del dinero público. El informe desvela que el 66% del Tercer Sector y el 46% de empresas privadas se financian mayoritariamente con fondos públicos.

• La falta de recursos en el mundo rural afecta a la protección social, con un menor acceso a servicios especializados. Los salarios de sus profesionales también son inferiores a la media nacional, especialmente en Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias.