Gloria Cantó, trabajadora social: “Por fin se visibiliza que la discapacidad no es sólo una cuestión asistencial, sino de derechos humanos, pero el gran reto está en aterrizarlos: hacerlos accesibles, reales y efectivos, y eso implica transformar la mirad

Castelló, 22/05/2025.- Este mes de mayo se ha celebrado el Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un hito porque supone el reconocimiento de este instrumento jurídico, a través del cual la discapacidad pasa a ser una cuestión de derechos humanos, y sobre el que desde el Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló mantenemos esta entrevista con Gloria Cantó, trabajadora social en COCEMFE Castellón.

Pregunta.- ¿En qué se ha avanzado en esa conquista de derechos?

Respuesta.- Sin duda, la celebración del Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un paso muy importante. Para mí, lo más relevante es que por fin se visibiliza que la discapacidad no es sólo una cuestión asistencial, sino una cuestión de derechos humanos. Eso marca un cambio de enfoque fundamental: comenzamos a ver a las personas con discapacidad como personas titulares de derechos, con voz propia y pleno derecho a participar activamente en todos los ámbitos de la sociedad.

Desde mi experiencia como trabajadora social en COCEMFE Castellón, considero que en los últimos años se han producido avances importantes, especialmente en el ámbito legislativo.

De manera gradual, las normativas, tanto a nivel estatal como autonómico, se están alineando con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Conceptos como la accesibilidad universal, el diseño inclusivo, el derecho a vivir de forma independiente o el acceso a los apoyos necesarios para la toma de decisiones están empezando a integrarse de forma más coherente en las políticas públicas.

Al mismo tiempo, también percibo una evolución positiva en el plano social. Se observa una creciente sensibilización y compromiso por parte de la sociedad hacia una mirada más inclusiva, respetuosa y centrada en los derechos.

P.- Por el contrario, ¿cuáles son los retos pendientes, y los desafíos, a los que se enfrentan las personas con discapacidad en el reconocimiento de sus derechos?

R.- Bajo mi punto de vista, aunque es cierto que se han logrado avances significativos tanto a nivel normativo como en términos de conciencia social, aún queda mucho por hacer para que esos derechos se materialicen en la vida cotidiana. Existe un desfase evidente entre lo que está reconocido en la legislación y lo que realmente se garantiza en la práctica.

Lo veo con claridad en mi entorno laboral. Siguen existiendo múltiples obstáculos que dificultan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, todavía encontramos edificios públicos que carecen de ascensor o cuya accesibilidad es muy limitada, lo que restringe de forma notable la autonomía y la participación de muchas personas.

También persisten barreras en la comunicación, la ausencia de intérpretes de lengua de signos, la escasez de documentos en lectura fácil o la falta de medios tecnológicos adaptados dificultan el acceso a la información y a servicios esenciales, generando situaciones de desigualdad.

Desde nuestra experiencia en COCEMFE Castellón, detectamos además una falta de apoyos personalizados que respondan a las necesidades reales de cada persona. Es común encontrarnos con personas que desean iniciar un proyecto de vida independiente, acceder al empleo o participar en su comunidad, pero que no disponen de los recursos, servicios o apoyos necesarios para hacerlo posible.

Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos desafíos con los que nos enfrentamos diariamente, y que evidencian la necesidad urgente de seguir impulsando políticas públicas, recursos específicos y cambios culturales que garanticen una inclusión efectiva y sostenible.

Para mí, el gran reto está en aterrizar los derechos: hacerlos accesibles, reales y efectivos. Eso implica no solo eliminar barreras o adaptar entornos, sino también transformar la mirada hacia la discapacidad. Porque el problema no reside en la persona, sino en un sistema que no siempre responde adecuadamente a su diversidad de necesidades y derechos.

P.- Hablar de derechos de las personas con discapacidad implica…

R.- Reconocer que todas las personas deben tener acceso en igualdad de condiciones a todos los ámbitos de la sociedad. Esto significa que deben tener las mismas oportunidades para formarse, trabajar, decidir sobre su propia vida, cuidar de su salud, participar en la comunidad, disfrutar del ocio y la cultura, y acceder a la información, la tecnología y los espacios públicos y/o privados.

Los derechos no se limitan a eliminar obstáculos arquitectónicos o facilitar el transporte. Estos contemplan la oportunidad de una educación inclusiva desde etapas tempranas, a un empleo digno con ajustes razonables, a recibir una atención sanitaria accesible y adaptada, a contar con apoyos para una vida independiente, a ejercer su capacidad jurídica y a participar en la toma de decisiones que afectan a sus vidas y a la sociedad.

Muchas veces se piensa que hablar de discapacidad es hablar solo de movilidad o accesibilidad, pero es mucho más que eso. Se trata de garantizar que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto de vida en libertad, con los recursos, apoyos y condiciones que necesiten. Esto implica también transformar entornos, actitudes y estructuras sociales que aún hoy excluyen o dificultan su participación.

P.- Dependencia-discapacidad. ¿Son realidades que van unidas? ¿En qué difieren?

R.- Esta es una confusión bastante habitual. A menudo se tiende a pensar que discapacidad y dependencia son lo mismo, pero en realidad no siempre van de la mano. Son realidades que pueden coincidir en algunas personas, pero también pueden darse de forma totalmente independiente. Desde mi trabajo diario, atiendo a muchas personas con discapacidad que llevan una vida totalmente autónoma y no necesitan apoyos para su día a día. Y, al contrario, también hay personas en situación de dependencia que no tienen reconocida una discapacidad.

Creo que es importante mirar estas dos realidades desde una perspectiva amplia y respetuosa.
No se trata tanto de clasificarlas, sino de entender que cada persona tiene una situación única, y que lo fundamental es que pueda acceder a los apoyos que necesite para vivir con autonomía y dignidad. Ahí es donde el enfoque de derechos cobra todo su sentido.

Si no diferenciamos bien entre discapacidad y dependencia, corremos el riesgo de reforzar ideas equivocadas que no se ajustan a la realidad de muchas personas. Y esas ideas, aunque parezcan pequeñas, pueden tener un impacto grande. Por eso es importante seguir hablando de esto, desde el respeto, la escucha y la diversidad de trayectorias personales, si de verdad queremos avanzar hacia una sociedad inclusiva.

Por ejemplo, no todas las personas que atendemos en COCEMFE Castellón están vinculadas a la Ley de Dependencia. Algunas sí son beneficiarias, o están en proceso de solicitud, pero muchas otras no han tramitado el reconocimiento, no cumplen los requisitos establecidos o simplemente no lo necesitan.

P.- El anteproyecto para la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad es uno de los proyectos de mayor envergadura del Gobierno para este 2025. El reto, según indican, es blindar el sistema de la dependencia e implantar un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital. ¿Se empiezan a visualizar resultados?

R.- La aprobación del anteproyecto ha generado muchas expectativas, y es cierto que el planteamiento apunta hacia un cambio necesario, con un enfoque más centrado en garantizar una vida digna en todas las etapas. Sin embargo, en la práctica diaria todavía no estamos viendo resultados claros ni generalizados.

En la práctica profesional, seguimos encontrando muchas dificultades como el acceso limitado a recursos, retrasos en las valoraciones, falta de apoyos suficientes y diferencias notables según el territorio. Las personas a las que acompañamos necesitan respuestas más rápidas, recursos ajustados a sus necesidades y una atención que realmente esté centrada en su
proyecto de vida.

Lo importante ahora es que esta reforma no se quede solo en la parte normativa o teórica.
Tiene que traducirse en cambios reales y sostenidos, con recursos suficientes y una buena coordinación entre administraciones. Sólo así podremos hablar de un sistema que garantice derechos y una vida digna para todas las personas.

P.- La primera ley de dependencia se gestó hace 18 años. ¿En qué ha cambiado la percepción de la discapacidad en estos años, y también los derechos de usuarios y usuarias?

R.- Como comentaba anteriormente, mi experiencia en el ámbito de la discapacidad me ha permitido observar de forma más cercana cómo se percibe esta realidad y cómo, en muchos casos, los derechos reconocidos no siempre se aplican en la vida cotidiana. Más allá de lo que establecen las leyes, lo que realmente aporta perspectiva es el acompañamiento diario, la
escucha, la relación directa con las personas.

Es en ese contacto donde empecé a entender el alcance de las barreras, muchas de ellas invisibles, que limitan oportunidades y restringen derechos. Esta toma de conciencia ha ido creciendo con el tiempo y, aunque no llevo tanto tiempo en el sector como para valorar toda la evolución desde los inicios de la ley, sí puedo decir que hoy los derechos están más presentes en el discurso y en las prácticas.

Se ha reforzado el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujeto activo; se habla más de apoyos personalizados, de participación real, de vida independiente, la persona tiene cada vez más presencia, más voz, mayor accesibilidad a la información, reivindica lo que le corresponde y, sobre todo, toman decisiones sobre su propia vida.

Eso no significa que el camino esté completado. Aún persisten muchas barreras, especialmente sociales y actitudinales. Pero también se siente una transformación en marcha, con mayor conciencia colectiva, más implicación desde las entidades y una fuerza muy potente que emana del propio movimiento asociativo.

A nivel personal y profesional, formar parte de este proceso como trabajadora social está siendo profundamente enriquecedor. Me ha ayudado a crecer y a reafirmar la idea de que el verdadero cambio empieza por reconocer los derechos de todas las personas, sin condiciones ni excepciones.

P.- Esta normativa es una de las grandes conquistas en lo que a derechos de personas con discapacidad se refiere. Supone reconocer la ayuda a la dependencia como derecho. ¿Qué implica este marco legal, a tu juicio, como trabajadora social en COCEMFE?

R.- Desde mi experiencia profesional, esta ley marcó un antes y un después, porque dejó claro que el acceso a apoyos no es algo opcional ni condicionado, sino un derecho. Y eso, para quienes trabajamos en el ámbito social, cambia totalmente la forma de acompañar: ya no se trata sólo de ayudar, sino de asegurar que cada persona pueda tomar decisiones, vivir con dignidad y tener los apoyos necesarios para desarrollar su propio proyecto de vida.

También supuso avanzar hacia una mayor equidad, al reconocer que la atención a la dependencia no puede depender de los recursos que tenga una familia, sino que debe garantizarse desde lo público, como una responsabilidad colectiva.

Ahora bien, esto en la práctica conlleva muchos retos, nos encontramos con demoras, falta de recursos, procesos que se alargan más de lo razonable. Todo esto impacta directamente en las personas usuarias. Porque una cosa es que el derecho esté reconocido, y otra muy distinta es que se haga efectivo en el momento en que realmente se necesita.

Por eso, para mí esta normativa no sólo es un marco legal: es una herramienta que puede transformar realidades si se le da el impulso necesario. Eso implica invertir, mejorar la coordinación entre administraciones y, sobre todo, seguir trabajando desde un enfoque centrado en la persona, sus decisiones y su contexto.

P.- Precisamente citando esas demoras como retos a superar, miles de personas en España han fallecido esperando la aprobación y concesión de las ayudas a la dependencia. ¿Cómo está esta situación en la provincia de Castellón? ¿Cuáles son los principales obstáculos para su aplicación y agilización, y por dónde crees que pasan las soluciones?

R.- Así es, lamentablemente, esta situación también la vivimos muy de cerca en la provincia de Castellón. Muchas personas y familias nos trasladan que llevan mucho tiempo esperando a que se valore su grado de dependencia o a recibir una resolución.

Esta demora supone una vulneración clara de derechos, porque hablamos de apoyos esenciales para el día a día que llegan tarde o, directamente, no llegan. Desde mi rol como trabajadora social en COCEMFE, no gestiono directamente estos expedientes, pero sí soy quien recoge, cada día, el malestar, la incertidumbre y la frustración que viven muchas personas usuarias. Y eso me da una visión bastante clara de los obstáculos reales a los que se enfrentan.

En mi experiencia, los principales obstáculos tienen que ver con la falta de personal técnico, los procesos administrativos lentos y una sobrecarga estructural del sistema.

Todo esto hace que los procedimientos se alarguen mucho más de lo razonable, y que muchas personas queden atrapadas en una espera que no pueden permitirse.

Para que este derecho se haga efectivo, es fundamental reforzar el sistema con más recursos humanos y económicos. Pero no basta con eso. También es necesario simplificar los trámites, mejorar la coordinación entre administraciones y avanzar hacia un enfoque más ágil y centrado en la persona. Muchas veces, los procedimientos resultan tan complejos o lentos que terminan dificultando el acceso a apoyos que son esenciales para poder llevar una vida digna.

P.- La reforma de la ley busca consolidar los derechos existentes, ampliar la cobertura y adaptar el sistema a los desafíos del siglo XXI. Por ejemplo, plantea poner fin al modelo de residencias para que las personas mayores puedan permanecer en sus casas el mayor tiempo posible, o adaptar el sistema de dependencia/discapacidad al nuevo modelo de cuidados. ¿Qué opinión os merece este enfoque, desde el Trabajo Social en general, y desde el Trabajo Social en una organización que trabaja para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad como es COCEMFE?

R.- Desde el trabajo social que desarrollamos en COCEMFE, como entidad que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, se valora muy positivamente este enfoque. Que se quiera avanzar hacia un modelo más centrado en la persona, más flexible y más conectado con la vida en la comunidad, nos parece imprescindible.

Personalmente, creo que dejar atrás los modelos más institucionalizados y apostar por apoyos que permitan a las personas seguir en sus casas, en su entorno, con los recursos necesarios, va en la línea de lo que defendemos cada día. No se trata únicamente de cuidar, sino de acompañar, de respetar decisiones y de facilitar que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida. Eso sí, también somos muy conscientes de que para que este cambio sea real, no basta con que esté en una ley. Hace falta inversión, formación, voluntad política y una buena coordinación entre administraciones.

Este enfoque es un paso en la buena dirección. Pero no debe quedarse en una declaración de intenciones. Tiene que traducirse en acciones reales que mejoren la vida de las personas, respetando sus decisiones, su ritmo y su forma de estar en el mundo.

P.- ¿A cuántas personas atiende vuestro colectivo, y qué programas lleva a cabo en la provincia para garantizar los derechos de las personas con discapacidad?

R.- Actualmente, en COCEMFE Castellón acompañamos a más de 1.700 personas a través de distintos programas que buscan garantizar el ejercicio real de los derechos de las personas con discapacidad.

Contamos con un servicio de transporte adaptado puerta a puerta y con el programa de bicicletas adaptadas, que permiten mejorar la autonomía, la participación social y la calidad de vida.

En el área de empleabilidad, trabajamos con programas de orientación e integración laboral, intermediación con empresas, prospección y formación profesional. A través de itinerarios personalizados y el programa ‘Incorpora’ de Fundación La Caixa, damos apoyo real a quienes quieren acceder al mercado laboral.

En el área de salud y atención personal, contamos con atención psicológica individual y familiar, y con nuestro centro de rehabilitación, donde ofrecemos fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología cognitiva. También tenemos un Centro de Atención Temprana en Burriana, que acompaña a niños y niñas con alteraciones del desarrollo y a sus familias, ofreciendo una atención especializada y adaptada desde los primeros años de vida.

Desde el área de trabajo social y punto de información, ofrecemos orientación y acompañamiento sobre ayudas, vivienda, accesibilidad, ocio, transporte, recursos comunitarios y otros apoyos. Este servicio es la puerta de entrada para las personas y sus familias.

También promovemos el ocio inclusivo y la participación comunitaria a través de diferentes actividades: deporte adaptado (como el baloncesto en silla de ruedas o el pádel), buceo, estiramientos, talleres grupales, fiestas, y espacios como el huerto urbano accesible de San Lorenzo, que es además un proyecto de colaboración social.

COCEMFE Castellón obtuvo en 2021 la homologación de las aulas de formación y la acreditación para impartir distintas especialidades formativas de Labora. Durante este periodo hasta la actualidad, nuestra entidad ha desarrollado diversos cursos de formación dirigidos al colectivo de personas con discapacidad.

Y algo que considero fundamental es el trabajo de sensibilización. Participamos activamente en jornadas, charlas, centros educativos, ferias y medios de comunicación. Para nosotras, no sólo se trata de prestar servicios, sino también de contribuir a transformar la mirada social sobre la discapacidad.

Todo esto lo hacemos en coordinación con nuestras entidades federadas, y gracias al trabajo de un equipo comprometido que acompaña desde la cercanía, el respeto y la defensa activa de
los derechos.

Gloria Cantó Gómez es Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Alicante y Valoradora de la Situación de Dependencia (Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas).
Desde 2022 forma parte, como trabajadora social, del equipo profesional de la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica COCEMFE Castellón. Anteriormente ha ejercido como trabajadora social en el ‘Programa Mujer Avanza’ de Radio Ecca Fundación Canaria (Alicante), realizando itinerarios de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género o en exclusión social; en la Asociación Sanaconsciencia (Aspe) y en Cruz Roja de Novelda.

ENTREVISTA EN VALENCIANO