El Colegio se reúne con el IMAS y la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y gestión de la diversidad para trasladar las necesidades manifestadas por las/os profesionales de Trabajo Social

El objetivo principal de la reunión ha sido trasladar las demandas de las/os profesionales de Trabajo Social y las necesidades detectadas en servicios sociales, dependencia, discapacidad y vivienda.

DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
En el ámbito de dependencia y discapacidad se han compartido los datos más destacados del estudio llevado a cabo por el Colegio sobre los plazos y acceso a prestaciones.

Referente a la demora en los plazos de resolución de las valoraciones de dependencia y discapacidad, y reconocimiento de servicios, se ha trasladado la preocupación del Colegio al sobrepasar los 6 meses estipulados en la ley y la necesidad de reducir tiempos. Han referido que está previsto un refuerzo de personal para intentar reducir las listas de espera, que manifiestan se sitúa actualmente en unos 12 meses en discapacidad, y 9 meses en dependencia.

En los datos recabados por el Colegio, a través de la encuesta a profesionales de Trabajo Social ambos plazos se situaban en una media de 12 meses.

Desde el IMAS han informado que en la valoración del grado de discapacidad se reciben un 38% de solicitudes que no alcanzan el 33%, estando previsto el lanzamiento de una campaña de concienciación para que, previamente a la solicitud cada persona pueda realizar una autoevaluación y conocer, de forma aproximada si tiene posibilidades de conseguir el grado de discapacidad.

Los plazos habilitados en situaciones de urgencia, que se reducen a la mitad, situándolos en 3 meses, trasladan que si se están cumpliendo.

La falta de plazas de residencia tanto para personas con discapacidad, como para personas mayores (no alcanzando la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años) es otro de los temas que se ha abordado, considerando fundamental, tanto la ampliación de plazas para reducir los tiempos de espera que se sitúan alrededor de los 12 a 18 meses; como el desarrollo de estrategias de desinstitucionalización para fomentar la permanencia en el domicilio.

Al ser consultadas por la supresión de la tasa de valoración de dependencia y discapacidad, otra de las propuestas del Colegio, han informado que no está prevista su eliminación. Consideran que existe un procedimiento para casos con ingresos económicos limitados y otros parámetros de vulnerabilidad en los que, pueden solicitarlo sin coste.

La reducción del copago en el servicio de ayuda a domicilio, que actualmente se fija en 14€/hora (el precio del copago va bonificado por el IMAS en mayor o menor medida a razón de la capacidad económica de la persona y el grado de dependencia que tenga) fue otra de las cuestiones por la que se consultó. En este caso si se afirmó que está prevista su reducción. Siendo propuesta del Colegio además, la eliminación en mayores de 80 años tal y como se hace con el servicio de la teleasistencia.

En cuanto a la propuesta del Colegio de que el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) de intensidad especializada se amplíe a personas con discapacidad física y orgánica (actualmente solo se presta a personas con discapacidad intelectual o salud mental), trasladan que están trabajando para poder implantarlo. Informando que actualmente hay en marcha un grupo de trabajo con representantes de todas las asociaciones relacionadas.

INCLUSIÓN SOCIAL
Una de las reivindicaciones que a lo largo de los años ha manifestado el Colegio es la necesidad de que se elabore e implemente el Plan de Inclusión de la Región de Murcia, previsto en el artículo 38 del Decreto 163/2017, de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción.
Sobre este tema refirieron tener constancia de la necesidad de su elaboración, pero no se ha fijado ninguna fecha para llevarlo a cabo. Actualmente establecen como prioridad la realización del Plan Regional de Servicios Sociales.

En relación a la Renta Básica de Inserción informaron que los plazos de resolución son ágiles y que el presupuesto se realiza en base a la concesión de las prestaciones, que con el Ingreso Mínimo Vital, se ha reducido considerablemente. El Colegio propone que los presupuestos no se limiten únicamente a las prestaciones y puedan destinarse también a planes u otras medidas de inserción. También se trasladó la petición de convocatoria de la Comisión de Seguimiento de Renta Básica, de la que forma parte el Colegio, para estar al tanto de la evolución e incidencias respecto a la prestación. Recogiendo la propuesta y quedando pendiente su convocatoria.

VIVIENDA
En el ámbito de vivienda, entre otras cuestiones, se ha trasladado la demanda de las y los profesionales de Servicios Sociales para que se acuerden criterios y se faciliten orientaciones a todos los centros respecto a las funciones y competencias de las y los Trabajadoras/es Sociales. Manifestando el Colegio que, actualmente las/os profesionales están recibiendo peticiones de los Juzgados para justificar las acreditaciones de vulnerabilidad presentadas. Ello vienen derivado, según se ha informado al Colegio por denuncias emitidas por los Grandes Tenedores. Además, desde el Colegio se recomienda que se vuelva a revisar el modelo de informe de situación de vulnerabilidad acordado por todos los Centros de Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma para valorar si da respuesta a lo que se se solicita, así como si la normativa a la que hace referencia el modelo (Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) debe ampliarse a otras de vivienda como el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 ( y sus posteriores modificaciones) o, incluso, la Ley 1/2020, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 441.5).
Informan que tienen pendiente la convocatoria del grupo de responsables de centros de servicios sociales para abordar esta situación, entre otras.

SERVICIOS SOCIALES
Uno de los temas prioritarios para el Colegio es que se implemente la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Para ello, el Colegio ha creado un grupo de trabajo que ha elaborado un análisis de dicha ley y que prevé, para finales de 2025 realizar unas Jornadas temáticas sobre la Ley de Servicios Sociales. En este sentido se ha trasladado la petición para que sean partícipes de esta jornada y que en ella, se establezcan acciones prioritarias y se adquiera un compromiso para que se lleven a cabo. El Colegio ofrece su colaboración para que el desarrollo de la ley se implemente en la mayor inmediatez posible, teniendo en cuenta que los plazos que determina la ley ya están cumplidos. Quedando pendiente de remitir un borrador de la jornada próximamente.

El Colegio agradece la predisposición, tanto de la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad; como del IMAS, por su predisposición a reunirse con el Colegio, y por la agilidad en su respuesta; así como por el interés en conocer las demandas de las/os profesionales de Trabajo Social. Quedando el Colegio a su disposición para trabajar y colaborar en las cuestiones expuestas, así como otras de índole social que se requieran. Todo en pro de la mejora del bienestar de las murcianas y los murcianos, y de la profesión del Trabajo Social.