El Colegio publica un manifiesto sobre Políticas Migratorias y Desplazamientos Forzados

Extracto del manifiesto

Los movimientos migratorios son una expresión legítima y necesaria de la búsqueda humana por la dignidad, la seguridad y el bienestar. Las políticas migratorias deben reconocer esa realidad y garantizar los derechos fundamentales de las personas migrantes. Tal y como refiere el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Las políticas migratorias también deben garantizar derechos en materia de infancia y derechos humanos, mejorando y avanzando en los estándares de calidad y en la atención que deben regir un estado de derecho.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, como entidad comprometida firmemente con la justicia social, la protección de los derechos de la infancia y el bienestar de las personas, especialmente de la que se encuentra en situación de riesgo, exclusión y/o vulnerabilidad social, como lo son muchas personas migrantes y/o solicitantes de protección internacional, manifestamos con firmeza que:

1. Defendemos una mirada humanitaria, inclusiva y basada en derechos, en el que el eje central de las políticas migratorias sea el bienestar de las personas.
2. La vida y el bienestar de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad no pueden ser ignorados en las políticas migratorias, desatendiendo los principios fundamentales de derechos humanos, justicia social y dignidad humana.
3. En el caso de las/os menores no acompañadas/os que experimentan una situación de desarraigo de sus países de origen, a nivel social y vital, las administraciones deben de establecer las medidas de protección necesarias para que, a nivel institucional, no experimenten una doble exclusión. Considerando que esta ruptura forzada supone una dificultad añadida a la historia de vida de cada niña/o.
4. Es preciso la elaboración e implementación de un Plan de Inclusión que garantice la plena inclusión social, económica y cultural de las personas inmigrantes, implicando y favoreciendo su contribución al desarrollo de la comunidad de acogida.
5. Hay que abordar las dificultades en el acceso a los recursos que tienen las personas que no se encuentran en una situación administrativa regularizada.
6. Se debe promover y favorecer la integración, respetando su cultura, evitando imponer una política asimilista en la que minorías o grupos sociales abandonen sus señas de identidad para asumir los de otras culturas distintas.
7. No se debe caer en el etnocentrismo, juzgando o valorando otras culturas desde la cultura asumida por una/o misma/o; valorándose el estilo de vida o costumbres del propio grupo como apropiadas, mejores o normales y las de los grupos ajenos, como inferiores, extrañas, o incorrectas.
8. Rechazamos los discursos de odio, xenófobos y racistas, así como cualquier acto de violencia, en todas sus formas, combatiendo activamente el odio y la desinformación sobre la inmigración.

Instando a las administraciones públicas a que implementen políticas migratorias justas, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos, que garanticen el acceso a los servicios básicos, protección social, acompañamiento psicosocial y procesos de integración reales y efectivos; abordando la inmigración desde una perspectiva de derechos y no de exclusión.

Como corporación adherida al manifiesto “Por una Ley Integral contra los Delitos de Odio y la Protección Universal de las Víctimas” solicitamos la promulgación de una ley con capacidad para intervenir con eficacia en todos los ámbitos de nuestro país y en todas las circunstancias sociales y personales en que se produzcan delitos de odio, con el objetivo de apoyar y ofrecer protección a las víctimas, conforme a lo establecido en la Constitución Española.

Desde el Colegio seguiremos trabajando para promover una sociedad más justa, diversa e inclusiva en la que nadie quede atrás, poniéndonos a disposición de las administraciones para articular y desarrollar cuantas propuestas sean necesarias.